Aprobada en Chile en julio de 2021, establece un procedimiento para la recuperación de la propiedad de viviendas que hayan sido objeto de ocupaciones ilegales o de arrendamientos morosos.
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Con esta ley, se busca agilizar los procesos judiciales en estos casos, evitando que los propietarios tengan que esperar meses o incluso años para recuperar sus viviendas.